La Administración Pública y la RSE: el triple papel, también para la Discapacidad Intelectual

La Administración Pública y la RSE: el triple papel, también para la Discapacidad Intelectual
Abril 30, 2017 Director
RSE

Estamos de acuerdo en que algo se ha avanzado en el largo camino de la implantación de una gestión responsable y sostenible en las empresas de nuestro país. La conocida como Responsabilidad Social de las Empresas es algo que ya no es posible ignorar. Las grandes empresas dieron sus primeros pasos hace unos años, pero es necesario que el tejido empresarial se convenza de que la RSE no es una moda pasajera, sino que ha llegado aquí para quedarse.

¿Y qué hay de la Administración Pública?

Menos son los que son conscientes del fundamental rol que debe jugar la Administración a la hora de lograr que los modelos de gestión sostenible y responsable se generalicen, produciendo así un efecto de revalorización social, económico y ambiental del tejido empresarial; pero, además, ese efecto revalorizador se extiende mucho más allá e impacta en sectores que ahora mismo necesitan reforzarse. El derecho al empleo de este colectivo y la sostenibilidad del sector de la Discapacidad Intelectual está en juego y y la Administración puede lograr avances continuados y de calidad a través de la RSE. ¡Veamos cómo!

De las categorías de roles con las que se podrían clasificar las iniciativas en el ámbito de la acción pública en RSE, como por ejemplo las que se recogen en el estudio realizado por Fox, Ward y Howard para el Banco Mundial, rescatamos ahora las tres funciones más relevantes que la Administración tiene en sus manos para los avances que acabamos de describir.

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1.- La Administración Pública como reguladora del sector público:
Es la Administración, mediante su capacidad normativa, de control y supervisión, la que puede contribuir a la definición de los estándares mínimos de la actuación empresarial dentro del marco legal, pero también de los aspectos de mejora (ambientales, sociales o económicos) que lleva aparejada una gestión responsable.

¿Y si hablamos de Discapacidad Intelectual?

  • El apoyo de las administraciones en conseguir la sostenibilidad económica de las Entidades prestadoras de servicios a las personas con discapacidad intelectual se dibuja como un factor clave para su supervivencia. La Administración Pública y en particular la más cercana al ciudadano, es decir, los ayuntamientos, deben ser capaces de regular incentivos a empresas que en sus programas de RSE ayuden a este tipo de entidades más cercanas a su localización.
  • Fomentar y mejorar el nivel educativo de la población con discapacidad intelectual para reducir las desigualdades y promuevan las oportunidades de acceso al mercado de trabajo
  • Las administraciones deben inspeccionar para que las empresas cumplan con la normativa de discapacidad e incorporar en los pliegos de las cláusulas administrativas de los contratos  del Sector Público la exigencia de certificado de que cumplen con la normativa en la cuota de reservas para personas con discapacidad

LEGISLACIÓN

2.-La Administración Pública como facilitadora de la implantación de la RSE:

La administración puede tener un peso importante a la hora de favorecer políticas públicas de promoción de la RSE mediante el fomento de la difusión de buenas prácticas, el patrocinio de formación especializada, etc.

¿Y de cara al ámbito de la Discapacidad intelectual?

  • Pues bien, las administraciones deben facilitar a las entidades sociales de la discapacidad el que puedan apostar por la innovación, y a apostar por inversiones que permitan la sostenibilidad futura; bien sea mediante subvenciones o mediante ayudas.
  • Facilitar los medios necesarios a las entidades sociales para dar a conocer al tejido empresarial la repercusión de la Discapacidad intelectual en la empresa, y el valor de diversidad que aporta.
El alcalde de San Sebastian de los Reyes junto con empleados de Ferrovial y Cadena de valor en la entrega de diplomas a alumnos de APADIS

El alcalde de San Sebastián de los Reyes junto con empleados de Ferrovial y Cadena de valor en la entrega de diplomas a alumnos de APADIS

3.- Por último, el papel del poder público como promotor de la RSE:

En este punto podemos destacar la incorporación de aspectos sociales en la contratación pública, las denominadas cláusulas sociales, que recoge ya expresamente la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. En 2014, CiU llevó una Proposición de Ley para incluir cláusulas sociales en la contratación pública. Además, la Administración debe poner en valor los esfuerzos de organizaciones a través de premios o menciones y el efecto ejemplar que tienen los concursos y las prácticas de gestión del sector público.

¿Y en la Discapacidad Intelectual?

  • Las administraciones deben ser promotoras y apoyar a las entidades de la Discapacidad Intelectual referentes en una comunidad local dada. Poner en valor los esfuerzos de estas asociaciones, muchas de ellas (la inmensa mayoría) promovidas por los propios familiares, y que han contribuido de forma decisiva al diseño de una red de apoyo y asistencia de calidad a las personas con discapacidad intelectual que hoy en día son referencia en Europa.
  • Las administraciones deben trabajar con las Entidades sociales de la discapacidad intelectual para promover el acceso a programas de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua para esta población

No podemos ni debemos dejar pasar esta oportunidad. El derecho al empleo de este colectivo y la sostenibilidad de las entidades prestadoras de servicios para las personas con discapacidad intelectual está en juego, y la Administración Pública, haciendo uso de todo su potencial, debe ser capaz de jugar un papel que será decisivo en los próximos años. ¡En eso estamos comprometidos todos!

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