Enaire garantiza los derechos de las personas con discapacidad en el transporte aéreo

Enaire garantiza los derechos de las personas con discapacidad en el transporte aéreo
Enero 11, 2019 Redacción

Enaire firmó este jueves un protocolo general de actuación con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Fundación ONCE y la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros de Empleo (Feacem) para aunar esfuerzos e impulsar iniciativas orientadas a garantizar los derechos de los más de tres millones de personas con discapacidad que hay en España en el transporte aéreo.

Según informó Enaire, en la firma, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y presidente del gestor de la navegación aérea, Pedro Saura, reiteró el compromiso del Ministerio de Fomento con la movilidad accesible.

Enaire garantiza los derechos de las personas con discapacidad en el transporte aéreo

En esta línea, el secretario de Estado aseguró que “el crecimiento económico inclusivo no es una opción; es el camino a seguir”.

Por su parte, Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Cermi, y Daniel-Aníbal García, presidente de Feacem, coincidieron a la hora de mostrar su satisfacción por la firma de un protocolo que va a permitir a las cuatro entidades firmantes trabajar conjuntamente para hacer la vida más fácil a las personas con problemas de movilidad.

Además, la firma del protocolo se enmarca en el compromiso de Enaire con la Responsabilidad Social Empresarial, contenido expresamente en su Plan de Vuelo 2020.

El acuerdo establece un marco común con Cermi, Fundación ONCE y Feacem para desarrollar colaboraciones a nivel institucional, actuaciones para la sensibilización sobre colectivos con discapacidad y el desarrollo de políticas conjuntas de inserción en el mercado laboral del sector de transporte aéreo.

Enaire refuerza de este modo su compromiso con los objetivos del Pacto Mundial de Naciones Unidas (al que se adhirió en 2018), que supone la aplicación de los valores y principios éticos universales a toda su estrategia y al conjunto de sus operaciones, así como su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la Agenda 2030.

El Protocolo General de Actuación tendrá una vigencia de cuatro años que podrá prorrogarse hasta una duración máxima de ocho años.

 

Fuente: Ecodiario

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